Instituto Transdisciplinario de Estudios Penales de América del Sur
Corresponde sobreseer al imputado por la omisión del depósito en término del tributo retenido, ya que de las constancias en autos surge un evidente error en la administración, procediéndose al inmediato cumplimiento una vez advertido el mismo.
En ese contexto, cabe tener en cuenta que no se le han imputado al contribuyente incumplimientos reiterados, sino que se trata solamente de un período, y que además la demora incurrida fue tan solo de seis días hábiles administrativos.
Corresponde confirmar el procesamiento dictado a un escribano, por la apropiación del importe en concepto de impuesto a las ganancias retenido, en oportunidad de intervenir en la compraventa de un inmueble.
En tal sentido, no resultan atendibles las alegaciones en torno al estado concursal del (luego) fallido, puesto que no obstante que un concursado, por disposición de la ley, debe abstenerse de todo acto que pueda alterar la situación de los acreedores (razón por la cual no habría podido ingresar la suma retenida), el agente de retención, respecto de la suma retenida, es reputado como tercero, que tiene a su cargo la custodia de un bien ajeno por manda legal, en consecuencia dicha suma, dicho bien, no entra a su patrimonio y sus acreedores no tienen sobre la suma retenida ninguna expectativa.
Los delitos contemplados en los artículos 6 y 9 de la ley 24.769 (hoy artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, respectivamente) se configuran con la omisión de ingresar al fisco los impuestos y los recursos de seguridad social retenidos dentro del plazo establecido por ley y la reiteración de ese mismo comportamiento descarta que pueda tratarse de una situación excepcional que no hubiese sido dolosa.
En tal sentido, consta en la causa que las retenciones a las que se refiere la resolución apelada se verificaron durante varios meses de los años 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 y, por ende, la circunstancia de que con posterioridad a la consumación de esos hechos una parte de los importes retenidos hayan sido finalmente depositados, no incide en la estimación acerca de la configuración de los delitos que se atribuye a los presuntos autores.
Los hechos que se atribuyen a los imputados se encuentran contemplados como delito en la ley cuando se omite depositar tributos retenidos o percibidos en un mes por más de cuarenta mil pesos (conf. artículo 6 de la Ley 24.769) y esa omisión se encuentra sancionada tanto en el caso en que fuere total o parcial, lo que indica que resulta indistinto que las retenciones o percepciones hubieran sido efectuadas con motivo de obligaciones tributarias de diversa índole siempre que hubieran ocurrido en el transcurso de un mes.
No se encuentra controvertida la existencia de las retenciones practicadas en concepto de impuesto a las ganancias, las cuales, además, se encuentran reflejadas en las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente ante el organismo de recaudación.
Por su parte, las dificultades financieras del ente que invocaron los imputados no autorizan la apropiación indebida de importes retenidos a terceros en concepto de impuesto a las ganancias. Las dificultades financieras o las carencias de dinero en efectivo, y aun la propia falencia de la contribuyente, no alcanzan para justificar el comportamiento de inducir a engaño a los contribuyentes documentando una retención, sin advertirles que su importe no iba a ser ingresado al fisco.
Tampoco puede justificar la conducta verificada el saldo a favor en concepto de impuesto al valor agregado con que habría contado la contribuyente al momento de los hechos y que los apelantes invocan que no se habría podido recuperar. De las mismas manifestaciones de los defensores de los imputados surge que aquel crédito no era «compensable» con las obligaciones evadidas de que se trata.
Finalmente, las circunstancias de haber presentado la contribuyente las declaraciones juradas de las retenciones practicadas y haber cancelado los importes en cuestión con posterioridad a los hechos no resultan óbice a la pertinencia del procesamiento y embargo dispuesto por el juez.